- Piezas clave para convertir a México en socio de la mayor potencia energética del planeta y reabrir la oportunidad perdida del nearshoring
Teorema Ambiental/Redacción
Expertos en energía de la firma Santamarina y Steta señalaron las piezas necesarias para armar con éxito el rompecabezas de la transición energética que requiere nuestro país. “Tenemos todo para salir adelante con una visión y política públicas a largo plazo y de gran alcance. México bien puede convertirse en parte de la potencia energética más grande del planeta”, aseguró Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la división transaccional de la firma.
Por su parte, Norma Álvarez, experta en derecho energético y regulatorio de la firma, destacó el reconocimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum de fortalecer las líneas de transmisión y distribución de energía, considerando que la participación privada podrá coexistir con las actividades de generación de electricidad, siempre y cuando se respete el porcentaje de 54 por ciento de participación pública y 46 por ciento de participación privada.
“De ahí, la conveniencia de contar con una Comisión Federal de Electricidad fuerte y en crecimiento, lo que necesariamente redundará en un crecimiento del sector privado”, apuntaron.
Las piezas clave
- Estos porcentajes de participación público-privada para generación de electricidad se reflejaron también en el Dictamen aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República en relación con las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuyo objetivo principal fue cambiar la naturaleza jurídica de las empresas públicas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser empresas productivas a empresas públicas nuevamente. La determinación del porcentaje de crecimiento de las inversiones privadas necesariamente se encuentra sujeta a que CFE incremente su capacidad de generación, ya que de lo contrario, no se guardaría la proporción en relación con los porcentajes fijados.
- Una segunda pieza o pilar de la política energética de la nueva administración será el impulso a una transición con base en las energías renovables y la eficiencia energética. “Lo anterior, si se hace ordenadamente y con fortalecimiento del marco legal y regulatorio, obligará a un crecimiento del sector energético que beneficiará a todos. Ello constituye una oportunidad para posicionar a México como una potencia mundial de energía renovable”, aseguró Norma Álvarez.
- Por su parte, Juan Carlos Machorro añadió que los retos que se avecinan con la nueva administración necesariamente requieren el acompañamiento de todos los involucrados en el sector. “Sea como facilitadores, negociadores, o implementadores de proyectos, tenemos a la mano posicionar a México como un actor relevante ante las oportunidades que se avecinan con el nearshoring. En este camino, la nueva administración necesariamente debe fortalecer los instrumentos jurídicos que permitan la atracción de inversiones y que definan claramente los mecanismos que permitirán al sector privado coadyuvar y acompañar al gobierno, bajo la consolidación de las instituciones garantes y el fortalecimiento del Estado de derecho”, subrayó.
Metas de gran alcance
Ambos especialistas coincidieron en que el fortalecimiento del sector energético con base en el despliegue de renovables, podrá generar empleos dignos que mejoren la calidad de vida de las personas y una mejora de las condiciones del medioambiente y reducción de emisiones, lo que necesariamente implicará el establecimiento de las condiciones regulatorias que fomenten las inversiones en la materia. De igual manera, los proyectos deberán llevarse a cabo bajo planes y programas de gestión social que se adapten a las necesidades de las comunidades, involucrándolas para que dichos proyectos sean viables y legítimos, lo cual permitirá que lleguen a buen término.
“Las oportunidades de desarrollo en el sector energético dependerán de los objetivos de política pública que fije el Gobierno, el fortalecimiento de un marco jurídico que garantice la atracción de inversiones en un marco de igualdad de condiciones entre sector público y privado, junto con la seguridad jurídica que se requiere. Es una oportunidad sin precedentes que debe fortalecerse con nuestras aportaciones particulares y comunes, con base en el respeto irrestricto de la ley, de las instituciones, del medioambiente y de los ecosistemas”, concluyeron.
Fotografía: CFE
