Al arrancar la segunda fase de la campaña nacional “Sin maíz no hay país”, campesinos y ciudadanos rechazaron el uso de transgénicos y agrocombustibles, salvaguardar la agricultura de los acuerdos internacionales y enfrentar monopolios agroalimentarios
CIUDAD DE MÉXICO.— Más de 500 organizaciones campesinas, de productores y civiles, así como intelectuales y artistas lanzaron la segunda etapa de la campaña nacional “Sin maíz no hay país” con un nuevo agregado: “Alimentos campesinos para México. ¡El hambre no espera!”, en respuesta a la crisis alimentaria global, que en el caso de México se ha expresado con el encarecimiento en el precio de los alimentos en más de 70 por ciento en 18 meses,
De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) la campaña reitera la necesidad de renovar e impulsar la agricultura campesina al ser los productores de pequeña y mediana escala quienes poseen 80 por ciento de las tierras donde se encuentran recursos estratégicos —agua, germoplasma y minerales— además de ser guardianes de biodiversidad, servicios ambientales y de la preservación cultural y étnica del país.
Asimismo, insiste en la exigencia al Ejecutivo federal de renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así como los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para salvaguardar la soberanía alimentaria.
No a transgénicos, no a los agrocombustibles
Igual que ocurrió en la primera fase de la campaña —que inició hace un año— las organizaciones e individuos promotores convocaron a la sociedad civil a impedir la siembra en México de maíz transgénico, para así resguardar la condición de nuestro país como centro de origen del maíz, con 59 razas nativas, y como gran depósito de variedades adaptadas al cambio climático.
Este llamado de las organizaciones se suma a la demanda de frenar el uso del maíz para su transformación en agrocombustibles.
Con base en cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la ANEC señaló que los agrocombustibles son responsables de por lo menos 30 por ciento del encarecimiento mundial de los precios de los granos básicos (de 130 por ciento en el trigo, 87 en soya, 74 en arroz y 31 por ciento en maíz, entre marzo de 2007 y marzo de 2008). Además, afirma la asociación, hay evidencias científicas de que no son sustentables ambientalmente, pues utilizan grandes volúmenes de agua y de energía fósil para su elaboración.
Respecto al freno a los monopolios alimentarios y “alimentos chatarra”, la campaña pretende inducir un consumo responsable de la población y una regulación para la publicidad de las corporaciones, la cual miente o exagera acerca de los valores nutricionales de sus productos, afirmó la ANEC.
Entre los puntos que establece la campaña —que involucran el compromiso de la sociedad, legisladores y gobierno federal— destacan:
A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos, con un programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit comercial sectorial en 2012, y con una concertación del gobierno federal y los estatales con las organizaciones por rama de producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.
Asimismo, una reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural; una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras, la aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso y la aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables, tales como la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación, y el establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, con fomento a la compra a asociaciones de productores mexicanos.
También, el incremento de 100 por ciento al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de la tierra y las remesas.
C) Creación de una Reserva Estratégica Alimentaria, que sería administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por maíz (tres millones de toneladas), trigo (un millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a cuatro meses del consumo nacional.
D) Protección al maíz, por medio de investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas; incentivo a prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura; protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica; medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del grano.
También, el establecimiento de un sistema de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos, y etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental a la información para poder elegir.
2000 Agro
