- Expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la posible perforación de nuevos pozos petroleros en esa área natural protegida
Teorema Ambiental/Redacción
Hace un año, el gobierno de Ecuador llevó a cabo una consulta popular histórica en la que el 59 por ciento de más de diez millones de votantes pidió prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, un área natural protegida de 10 200 km² localizada en la cuenca amazónica al noreste de ese país.
Tras el resultado de la consulta, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó a las autoridades del país desmantelar la planta petrolera del Parque en un plazo de un año, que se cumplirá el próximo 31 de agosto.
Sin embargo, la producción petrolera de la planta es mayor ahora que durante la primera mitad de 2024 y algunas informaciones indican que se abrirían nuevos pozos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló esta semana que el cierre de los pozos en Yasuní tomaría de tres a cinco años.
Frente a estas noticias, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresó este martes gran preocupación e instó al gobierno y las empresas que operan en el Parque Yasuní a aplicar urgentemente la voluntad popular, y a acelerar el proceso de transición.
Mensaje claro para detener el daño ambiental
“A través del voto, la nación ecuatoriana envió un mensaje claro al gobierno: Ecuador debe dar prioridad a la protección del clima, del medioambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él, y alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles”, puntualizaron los relatores especiales de la ONU.
El Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, es un santuario para innumerables especies y el hogar de pueblos indígenas, incluidos pueblos en aislamiento voluntario, que han preservado su forma de vida durante siglos.
En un comunicado conjunto, los expertos subrayaron que el Parque es vital para regular el clima y que su protección evitará millones de emisiones adicionales de gases de efecto invernadero.
Lamentaron que, pese al claro mandato de la población ecuatoriana y de la Corte Constitucional, los avances en la aplicación de los resultados de la consulta popular hayan sido lentos.
Advirtieron que cualquier retraso o desviación del mandato del voto supone el riesgo de “socavar la protección del medioambiente y los esfuerzos de acción por el clima, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y de amenazar los derechos humanos”.
“Como resultado de la votación, los proyectos existentes y futuros deben ser detenidos y desmantelados, y el medioambiente restaurado. El futuro del Parque Nacional Yasuní, de sus habitantes, de las generaciones futuras y del medioambiente mundial depende de las medidas que se tomen hoy”, recalcaron.
En este sentido, pidieron que se mantenga el diálogo con la sociedad civil y los pueblos indígenas para garantizar que se escuchan sus voces y se respetan sus derechos a lo largo de todo el proceso.
Fotografía: ONU
